Las políticas de poderes, elemento clave contra la corrupción empresarial. | Juan Luis Martínez-Carande

Las políticas de poderes, elemento clave contra la corrupción empresarial.

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Los mayores fraudes corporativos que se han sucedido en España en los últimos años han sido protagonizados por los ejecutivos de mayor nivel de las cúpulas directivas, que actuaban como “lobos solitarios”, tomando decisiones aventuradas, millonarias y al margen de la ley en el uso de sus facultades ordinarias. Como botón de muestra los casos de Pescanova o Gowex, donde sus presidentes, Fernández Sousa y Jenaro García, fueron los principales artífices de la adulteración de las cuentas y el engaño a terceros. Las razones  últimas de sus actuaciones son diversas, pero no deben despistarnos de la causa fundamental que las motivó: estos administradores ejecutaron decisiones fraudulentas “porque podían hacerlo”.

Lo cierto es que las políticas de atribución de poderes en las empresas españolas tienen una característica muy común: la ausencia de política. Efectivamente, los poderes otorgados a administradores y gerentes parecen guiarse exclusivamente por el sencillo sistema de tomar como base el modelo del poder notarial absoluto, el denominado con buen criterio “poder de la ruina”, y pedir al notario que suprima las facultades de autocontratación (en los poderes de los administradores, consejeros delegados o directores generales) o que deje exclusivamente los poderes sectoriales en el resto de las áreas.

Los resultados son que, en aras de la operatividad y la relación de confianza, se pone en manos de una única voluntad la capacidad de tomar decisiones que pueden poner en peligro los intereses de múltiples stakeholders: los accionistas en primer lugar, pero también los de clientes, empleados, acreedores e incluso los del entorno social en su conjunto.

Por ello, un elemento esencial de las políticas de compliance debe ser el diseño de un modelo de atribución de facultades que permita el control a priori de los administradores y directivos, garantizando que el uso que hacen de ellas es adecuado a los fines para los que han sido nombrados.

No es posible establecer un modelo general de atribución de poderes, dado que no hay dos empresas iguales, lo que obliga a considerar múltiples factores como la actividad, la dimensión o la estructura de mando. Pero sí que se pueden establecer líneas maestras que establezcan límites en función de las áreas de gestión, las competencias territoriales, o la naturaleza y la cuantía de las operaciones. El resultado deberá contrastarse para garantizar que no se dejan resquicios a actuaciones que no guarden relación con el correcto desempeño de las funciones directivas.

Las políticas de limitación de poderes pueden chocar, en la práctica, con la susceptibilidad de los apoderados, remisos a la limitación de sus atribuciones, si bien eso no debe suponer un obstáculo para su aplicación. No olvidemos la premisa que subyace en los modelos de seguridad denominados de “Confianza cero”, según la cual los sujetos que se encuentran dentro de la red corporativa de la organización (empleados y colaboradores) deben ser objeto del mismo nivel de desconfianza que cualquier sujeto de fuera del entorno. Y ello porque, aunque la probabilidad de las amenazas externas contra las compañías es superior a las de las internas, cuando éstas últimas se materializan, el impacto o daño ocasionado es cualitativamente mayor.

 

Como conclusión, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que, la correcta delimitación de facultades de decisión dentro de la empresa y los mecanismos de control previo del ejercicio de las mismas, son uno de los elementos más decisivos de los programas de compliance desde el punto de vista de la prevención. Porque de poco sirve pedir responsabilidades cuando el daño ya se ha producido.

 

 

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