Volkswagen, compliance, la Fiscalía y la Audiencia Nacional. | Juan Luis Martínez-Carande

Volkswagen, compliance, la Fiscalía y la Audiencia Nacional.

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El pasado 28 de octubre, el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional ha dictado el auto de admisión a trámite de la querella presentada por el Sindicato Manos Limpias, la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen y otros, contra Volkswagen Audi España S.A., Volkswagen Navarra S.A. y SEAT S.A., así como sus respectivos presidentes.

Al margen de las cuestiones de legitimación y competencia, resulta reseñable del citado auto el contenido del antecedente de hecho 5º, donde se recoge que “El Ministerio Fiscal, en informe de fecha 15 de octubre interesa que se practiquen las siguientes actuaciones:

 (…) 3. Al objeto de comprobar si concurre o no la circunstancia eximente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas prevista en el artículo 31 bis 2 del Código penal, recábese del grupo Volkswagen informe relativo a las medidas de control y supervisión que, en su caso, hubieran adoptado con anterioridad a la comisión de los hechos para su prevención

Del contenido de éste apartado cabe destacar dos cuestiones muy ilustrativas de la forma en que la Fiscalía ha abordado, en la práctica, el contenido del artículo 31 bis 2:

En primer lugar, que los sistemas de prevención de delitos en las empresas pasan al primer plano de nuestro ordenamiento jurídico penal, con su carácter de eximentes de la responsabilidad penal corporativa.

En segundo lugar, es importante el hecho de que la fiscalía no pide cuentas sobre el Plan de Prevención en abstracto sino sobre “las medidas de control y supervisión adoptadas”. Esto es muy significativo, porque indica como el Ministerio Fiscal ha asumido plenamente el concepto de “modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos”, a que se refiere el artículo 31 bis 2. Ap. 1º del Código Penal. Y lo hace concibiéndolo como un conjunto de medidas prácticas y eficaces, obviando los aspectos documentales del mismo, que pasan a un segundo plano.

El requerimiento de la Fiscalía confirma la línea por la que deben ir los modelos de prevención de delitos. Línea muy distinta a aquella en que, por desgracia, se han movido otros aspectos del compliance en nuestro país, centrados en los aspectos formales y olvidando la base de cualquier sistema de gestión: un adecuado análisis de la organización y sus riesgos, y la adopción de medidas de prevención eficaces para reducir la exposición a los mismos.

Solo queda que las empresas y los operadores jurídicos sigan este camino, para satisfacer las necesidades preventivas relacionadas con la responsabilidad de los entes corporativos.

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