COMPLIANCE PROGRAM Y CERTIFICACIÓN. | Juan Luis Martínez-Carande

COMPLIANCE PROGRAM Y CERTIFICACIÓN.

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En los últimos años, asistimos a un crecimiento del interés en el mundo empresarial por todo lo relacionado con el “corporate compliance”. El fenómeno no ha pasado inadvertido para las diversas entidades de certificación, que se han apresurado a elaborar sistemas de gestión en materia de compliance, lo que se ha traducido incluso en una referencia ISO, concretamente la  ISO 19600 ‘Sistemas de gestión de compliance. Directrices’.

 

La aparición de estos sistema de gestión y certificación, nos obliga a preguntarnos hasta qué punto la adopción de uno de ellos puede suponer, para la empresa certificada, la exención de la responsabilidad penal por las posibles infracciones que pudieran cometer sus directivos o empleados.

Con carácter previo, hay que dejar claro que una certificación en materia de responsabilidad penal no garantiza la exención de la empresa ante la eventualidad de un delito que dé lugar a responsabilidad penal corporativa (RPC). En materia de RPC,  nuestro ordenamiento jurídico no recoge entre su sistema de fuentes los estándares internacionales de certificación. Las referencias normativas son muy claras y no son otras que nuestro Código Penal, con sus reglas de imputación, su catálogo de delitos tipificados y sus causas de exención o de atenuación. Ahora bien, aunque la certificación de nuestro plan de prevención no supondrá el traslado automático de la carga de la prueba sobre la falta de idoneidad del mismo a quien pretenda impugnarlo en un tribunal, sí que constituye un valioso argumento de defensa para la empresa en que se ha producido el delito.

Pero al margen del valor probatorio, hay que resaltar las ventajas que los principios que rigen los sistemas de gestión pueden ofrecer en el campo de la RPC. Y ello porque la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, al referirse a los planes de prevención del riesgo penal, los define expresamente como “modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos”. La consecuencia es clara: no bastará para la eficacia del programa, con la elaboración de un manual que pase a engrosar la lista de manuales que pueblan los archivadores del departamento jurídico o de calidad.

Por el contrario, la validez del mismo va a depender del traslado de sus principios a la totalidad de la organización, haciendo que pasen a formar parte de la cultura corporativa, y traduciéndose en procedimientos vigentes y eficaces para la prevención del delito. El órgano de control, el mapa de riesgos, los códigos éticos, el canal de denuncias, el procedimiento sancionador y el resto de medidas preventivas deben traducirse del papel a la realidad corporativa.

Así, con certificado o no, los modelos de prevención del riesgo penal han de imbuirse de los principios de los sistemas de gestión para que culminen en éxito. De lo contrario, se convertirán en presa fácil ante el fiscal en el caso de que la empresa comparezca ante un tribunal por la comisión de un delito.

Por ello, junto al Código Penal, los asesores y especialmente los responsables del plan, deberán disponer de un arsenal adicional de conocimientos en materia de implantación  de procesos y  análisis y gestión de riesgos, que garanticen una eficaz prevención de los mismos y la robustez del sistema ante un tribunal, si éstos se llegara a materializar.

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