Los órganos de control interno en el nuevo Reglamento de prevención de blanqueo: dudas.

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El recién publicado Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, viene por fin a cubrir las lagunas interpretativas de una Ley dictada en materia tan crítica como el blanqueo de capitales.

La nueva norma regula la figura de los órganos de control interno fundamentalmente en los artículos 31 y 35, aunque hay menciones en los artículos 33.1.h), 34, ap. j), 36.2, y 39.

El artículo 31, relativo a los procedimientos de control interno, recoge los umbrales cuantitativos que determinan la necesidad de cumplimiento de las obligaciones en materia de control, estableciendo en su apartado 1:

“Los corredores de comercio y los sujetos obligados comprendidos en el artículo 2.1 i) a u), ambos inclusive, que, con inclusión de los agentes, ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros, quedan exceptuados de las obligaciones referidas en este artículo y en los artículos 32, 33, 35, 38 y 39 (…)”

Por su parte, el artículo 35, bajo el epígrafe expreso de “Órganos de control interno”, dispone:

1. Los sujetos obligados designarán un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión, que será responsable del cumplimiento de las obligaciones de información establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril. (…)

2. Los sujetos obligados establecerán un órgano de control interno responsable de la aplicación de los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

La constitución de un órgano de control interno no será preceptiva en los sujetos obligados comprendidos en el artículo 2.1 i) y siguientes y en los corredores de comercio cuando, con inclusión de los agentes, ocupen a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 10 millones de euros, desempeñando en tales casos sus funciones el representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión. Esta excepción no será aplicable a los sujetos obligados integrados en un grupo empresarial que supere dichas cifras.

3. Los sujetos obligados, cuyo volumen de negocios anual exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros, contarán con una unidad técnica para el tratamiento y análisis de la información. (…)

De los preceptos anteriores podemos obtener el siguiente cuadro:

Volumen (Sujeto obligado o grupo)

Representante

OCI

U. Técnica

Menos de 10 empleados y 2 mill.

No (art. 31.1)

No (art. 31.1)

No (art. 31.1)

>10<50 empleados y hasta 10 mill.

Sí (Art. 35.1)

No (Art. 35.2 p.2)

No (Art. 35.2 p.3)

50 empleados o >10 mill.

Sí (Art. 35.1)

Sí (Art. 35.2 p.2)

No (Art. 35.2 p.3)

50 mill. V.N. o 43 mill. B.G.

Sí (Art. 35.1)

Sí (Art. 35.2 p.2)

Sí (Art. 35.2 p.3)

 

Pero el problema surge de la lectura del artículo 39 del reglamento que, al regular la formación, establece:

1. Los sujetos obligados aprobarán un plan anual de formación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

(…)

4. Los sujetos obligados para los que no resulte preceptiva la aprobación de un plan anual de formación, deberán acreditar que el representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión ha recibido formación externa adecuada para el ejercicio de sus funciones.

La pregunta inmediata es ¿cuáles son esos sujetos obligados para los que no resulta preceptiva la aprobación de un plan de formación? Y la respuesta, a falta de mención expresa en dicho precepto, no puede ser otra que aquellos sujetos que, según el artículo 31.1. están exentos de las obligaciones del artículo 39, es decir “los corredores de comercio y los sujetos obligados comprendidos en el artículo 2.1 i) a u), ambos inclusive, que, con inclusión de los agentes, ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros”

El problema es que dichos sujetos, según el mismo precepto, están exceptuados también de la obligación de nombrar representante ante el SEPBLAC, lo que deja al apartado 4 del artículo 39 vacío de contenido.

Ante esta deficiencia del reglamento, nos surge la duda de si hay un error en el artículo 39.4 o si el error puede estar en el artículo 31. Es posible que no se cayera en la cuenta que, al exceptuar a los sujetos que no superaran los umbrales mínimos, de las obligaciones del artículo 35 en su totalidad, se les exonera de la obligación de nombrar representante ante el SEPBLAC. En apoyo de esta tesis podemos aducir dos argumentos de peso:

En primer lugar que el artículo 26.2 de la Ley desarrollada dispone que “Los sujetos obligados designarán como representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión a una persona que ejerza cargo de administración o dirección de la sociedad”, sin introducir ningún tipo de excepción, a diferencia de lo que sucede con el órgano de control interno respecto al cual establece “Reglamentariamente se podrán determinar las categorías de sujetos obligados para las que no resulte preceptiva la constitución de un órgano de control interno, siendo las funciones de éste ejercidas en tales supuestos por el representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión.”

En segundo lugar, que en el texto del proyecto de decreto, que se sometió a información pública, no se establecían umbrales mínimos para  el nombramiento de representante, sino solamente para  la comunicación.

Tal vez el regulador haya cometido un error y en el artículo 31 debiera sustituirse la mención al “artículo 35” por el “artículo 35, apartados 2 y 3”, en cuyo caso el cuadro reseñado más arriba cambia y en su  cuadrícula relativa a “menos de 10 empleados y 50 mill.” debe poner “sí”. O tal vez no sea así y debamos preguntarnos cuál es el sentido del 39.4. Quizá el error es de comprensión, y soy yo quien no alcanzo a ver el sentido de estos preceptos, en cuyo caso agradeceré una explicación sencilla para disipar mis dudas. Pero si no se trata de esto último, sería conveniente, aunque sea a través del mecanismo de la corrección de errores, que se despejen estas incógnitas.

8 Comentarios | Leído 2708 veces
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8 opiniones en “Los órganos de control interno en el nuevo Reglamento de prevención de blanqueo: dudas.”

  1. Interesante la primera lectura del Reglamento por Juan Luis y su análisis de los Órganos de Control Interno.
    Quisiera aportar una reflexión por si pudiera ayudar a diluir alguna de las dudas que plantea Juan Luis en su artículo:

    Según el Art. 26 de la Ley 10/2010, todos los sujetos obligados tienen que designar un Representante ante el SEPBLAC, hasta el punto que en el caso de empresarios o profesionales individuales, será el Representante el Titular de la actividad.

    Otra cosa distinta es la comunicación al SEPBLAC del nombramiento del Representante, en donde interviene el régimen de umbrales, que permiten la no comunicación en algunos supuestos.

    Un saludo

    1. Totalmente de acuerdo Fabián.

      Gracias por tu comentario y disculpa la tardanza en aprobarlo pero estoy todavía algo verde las herramientas del blog.

      Un cordial saludo.

  2. Vanesa Lopd dice:

    Totalmente de acuerdo contigo.

    Eso mismo he preguntado yo hoy mismo a través de twitter (y nadie me ha contestado, jeje). Me alegra saber que no soy la única que no lo entiende.

    Opino que es un error y espero que lo subsanen.

    No tiene sentido.

    1. No esperes demasiado Vanesa, pues a la Administración no le suele gustar dar el brazo a torcer.

      Un cordial saludo.

  3. Buenos días,

    Mi interpretación es que el representante en los sujetos obligados de menos de 10 trabajadores y 2 millones de euros de volumen es el propio representante legal de la empresa.

    Sus obligaciones son las mismas en cuanto a la detección y comunicación de operaciones sospechosas aunque el reglamento, con buen criterio, ha tratado de no cargar costes añadidos con estructuras añadidas.

    Precisamente por ello, entiendo que el reglamento sí les obliga a recibir formación acreditable, y de esta forma no poder alegar desconocimiento técnico en caso de alguna operación no comunicada.

    Salvo mejor criterio de otros interviniente.

    1. Tu interpretación es muy lógica Jorge, pero la dicción literal del reglamento es diferente.

      Totalmente de acuerdo en que sin asignación de responsable, formación ni procedimiento, por muy básicos que sean, no hay manera de cumplir, pero eso no parece importarle mucho a los autores del texto.

      Un cordial saludo.

  4. Pablo dice:

    Buenas tardes,
    Quería plantear una duda que me surge de la lectura del Reglamento en los preceptos comentados. Al hablar de “balance anual” a que se refiere? Porque no es ningún concepto contable.
    Muchas gracias.
    Saludos.

    1. Buenas tardes Pablo, y disculpa mi tardanza en responder, pero no había visto el comentario.

      Efectivamente el “Balance anual” a secas, no es un concepto contable pero parece que se refiere al balance de situación al cierre del ejercicio contable.

      Un cordial saludo.

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