¿Quién vigila a los guardianes? (I. Los PRP o PEPs)

En los últimos años, nuestro ordenamiento, en consonancia con las directivas europeas, está construyendo un régimen de compliance que trata de poner coto a determinadas conductas, relacionadas fundamentalmente con la corrupción y el blanqueo de capitales.

Uno de los aspectos que más llaman la atención de dicha regulación es la delimitación de su ámbito de aplicación, en particular desde el punto de vista subjetivo. Y ello porque existe una clara distinción en el trato dado a las personas públicas respecto a las privadas, con independencia de que se trate de personas físicas o jurídicas.

En efecto, la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, en su artículo 14 dispone que “Los sujetos obligados aplicarán medidas reforzadas de diligencia debida en las relaciones de negocio u operaciones de personas con responsabilidad pública”, añadiendo a continuación que “Se considerarán personas con responsabilidad pública aquellas personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en otros Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países, así como sus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados.”

Llama la atención de este precepto que, lo que en principio parece ser un mecanismo de control de las Personas con Responsabilidad Pública (PRP o PEP en su denominación anglosajona) es, en realidad, una relajación del control. Y decimos esto porque, tras el reconocimiento implícito por la norma de que las responsabilidades públicas son un factor muy importante de riesgo de blanqueo, se circunscribe el control sobre dicho riesgo a los extranjeros, eximiendo a los cargos públicos patrios.

Lo lamentable es que no hay forma de justificar esta postura, puesto que el riesgo de blanqueo de los personajes públicos deriva de la necesidad de ocultar el origen ilícito de ganancias provenientes de delitos propios del mal ejercicio del poder, como el cohecho, en relación con la contratación administrativa, el otorgamiento de licencias y, en general la corrupción asociada a los favores del poder político. Y, en pura lógica, el riesgo de que se cometan estos delitos en España recae principalmente sobre los personajes públicos españoles. ¿O, acaso para conseguir un contrato de obra pública o una recalificación de terrenos en España, la opción lógica es tratar de influir sobre los altos funcionarios extranjeros o sus familiares?

No se oculta que, efectivamente, algunos funcionarios extranjeros podrían blanquear dinero en España, pero, con un vistazo a la situación procesal que muestra la prensa nacional, podemos inferir, sin ningún género de dudas, que el problema del blanqueo en España gravita sobre los políticos de la casa.

Lo cierto es que la aplicación de las medidas de diligencia reforzada serían muy eficaces en materia de corrupción, bloqueando el acceso a los circuitos bancarios y financieros de los maletines y bolsas de basura llenas de billetes que han circulado a discreción, especialmente en los tiempos de la burbuja inmobiliaria. Por eso, cabe preguntarse si existe algún argumento para no adoptarlas, que no sea el que los guardianes no están por la labor de que nadie les vigile de verdad.

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